PERIODISMO

La burda falsificación de unos pagos a Pablo Iglesias por parte del gobierno venezolano, realizada por Eduardo Inda y su periódico, es uno de los ejemplos más recientes y claros de lo que el periodismo-basura español –habría que ver qué porcentaje constituye del total, pero uno alto, sin duda– hace todos los días, instrumento como es de la manipulación política, creando una realidad alternativa, totalmente ficticia. Un mundo virtual de falsificaciones documentales, difamaciones infundadas, siembra de rumores, especulaciones arbitrarias, meras opiniones que se confunden con información... El problema no es que casi todo el periodismo español apeste pero la gente sea consciente de ello (lo cual neutralizaría el efecto de ese hedor), sino que el 50% de los españoles vive convencido de que esa realidad de diseño, salida de think-tanks y lobbies económicos, es la auténtica. Un ciudadano informado, que lee diariamente un mínimo de cinco fuentes de información distintas y contrapuestas (a ser posible, una o dos de ellas han de ser extranjeras), las coteja y reflexiona críticamente sobre ellas, y el típico lector de “su periódico de toda la vida”, viven, ciertamente, en mundos opuestos; hasta tal punto que quizá ni siquiera haya zonas de intersección entre ambos. Su conversación parece la que habría entre un suajili y un samurái del Japón feudal: sencillamente, no existe un denominador común a su discurso. Y supongo que ese déficit discursivo es lo buscado por quienes quieren cortocircuitar el espacio sociopolítico, esto es, destruir toda posibilidad de comunicación entre una ciudadanía atomizada e ignorante. Cuando el ciudadano es entendido como unidad de consumo, es normal que la información sea entendida como una mercancía más, lo cual abarca la esfera política, que de ser transparente disolvería la propia ilusión social. 

Es cosa digna de preguntarse hasta qué punto un país con tanta desinformación como éste puede ser llamado en serio una “democracia” (como si no hubiera otros motivos para dudar de ello, entre ellos la deriva autoritaria y el recorte de derechos y libertades que vivimos). Los mass media, propiedad de grandes grupos económicos, y endeudados mortalmente con la banca, ni siquiera pretenden, como antes, defender a un determinado partido político de sus casos de corrupción, porque ya es imposible hacerlo, sino echar la mierda al ventilador y que salpique a todos; vender la imagen de que “aquí no se salva nadie, así que vota al de siempre, que es igual de corrupto y al menos ya lo conoces; los nuevos traen formas de corrupción desconocidas y por tanto impredecibles”. Cómo no, decir en este país que un periodista tiene que responder ante la ley por sus informaciones manipuladas es considerado fascismo. El derecho a mentir del periodista, y el de una buena parte de la ciudadanía a ser mentida por su periodista, está por encima del derecho a la información veraz y contrastada, ésa sin la cual la democracia es una quimera, pues sin ella no se sabe lo que se está votando. Pero no, a los mercenarios de la información –que defienden lo que defienden en función del medio que les pague–, como se ha visto recientemente en varias ocasiones, no se les puede ni mencionar, lo cual ya sería de por sí una persecución política. Ellos pueden hablar de todo (porque, además, el periodista es un todólogo, un experto en todas las cosas, que lo mismo discute de política que de historia o de fisión nuclear), pero no pueden ser el tema del debate, porque entonces “están siendo amenazados por el poder”. Lo que ocurre es que se evidencia, cada vez que se pone el foco sobre ellos, que los transmisores de información son a la vez los deformadores, o simplemente inventores, de la información. Y tienen, o eso presumen, un supuesto derecho a hacerlo con total impunidad. Pero una sociedad sana es aquella que reflexiona acerca de cómo de manipulada le llega la información, así que el debate sobre los periodistas debería ser uno de los primeros que afrontáramos, sin miedo a un totalitarismo que se oculta, precisamente, en que a la gente no se le permita acceder a la verdad, detentada por unos pocos que deciden qué, cuándo y cómo merece saber la ciudadanía.

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© David Puche Díaz, 2017.
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